Víctimas del incendio de Campanar piden reabrir la causa
Las familias afectadas reclaman justicia y una investigación completa
Las víctimas del catastrófico incendio de Campanar, ocurrido el pasado 22 de febrero en Valencia, han decidido recurrir el archivo de la causa judicial que investiga las causas del siniestro. Las familias sostienen que aún existen aspectos clave sin esclarecer y denuncian que el cierre prematuro de la investigación deja sin respuestas tanto a los afectados como a la sociedad.
Este incendio residencial, uno de los más trágicos en la historia reciente de la ciudad, causó la muerte de diez personas y dejó a decenas de familias sin hogar. Ahora, las víctimas insisten en que es necesario profundizar en aspectos como los materiales de construcción utilizados, posibles negligencias en el mantenimiento y la presunta responsabilidad de profesionales y entidades.
Razones detrás de la solicitud de reapertura
Avanza Abogadas, el bufete que representa a varias víctimas del incendio, presentó el pasado 3 de junio un recurso de reforma ante el Juzgado de Instrucción nº 9 de Valencia. En el mismo exigen que se lleven a cabo múltiples diligencias que no han sido tomadas en cuenta por la investigación inicial.
Los principales puntos del recurso incluyen:
- Designación de un perito judicial: Para determinar con independencia técnica si los materiales instalados en la fachada eran inflamables y poco adecuados.
- Comparecencia de responsables de obra y promotoras: Citación de los arquitectos y técnicos que participaron en la edificación del edificio siniestrado.
- Petición urgente de informes pendientes: Como el informe definitivo de la Policía Científica, cuyos resultados aún no han sido entregados a la causa.
En el documento, la acusación subraya que esta línea de investigación es crucial para determinar si hubo imprudencia o mala praxis y para evitar que una tragedia de esta magnitud se repita.
Inquietud por el archivo prematuro del caso
El archivo de la causa, dictado por la jueza del Juzgado de Instrucción en mayo, ha sido calificado por las víctimas como una decisión precipitada. Consideran que hay elementos fundamentales sin explorar y que existen suficientes indicios para sospechar la existencia de responsabilidades penales.
En palabras de las familias afectadas, no entienden cómo puede cerrarse la investigación sin haber ni siquiera solicitado todos los informes periciales. La decisión judicial fue tomada mientras todavía estaban en curso peritajes técnicos esenciales, lo que ha avivado el malestar entre los damnificados.
Además, los demandantes recuerdan que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que, en casos de posible delito, las diligencias preliminares deben agotarse plenamente antes de tomar una decisión definitiva.
Los materiales de la fachada, en el punto de mira
Uno de los focos principales del recurso es la investigación sobre los materiales utilizados en la fachada del edificio. Según la información preliminar, el fuego se propagó con una velocidad inusitada, lo que ha planteado serias dudas sobre el revestimiento y los aislamientos usados.
Ya en los primeros días tras el siniestro, expertos alertaron sobre el riesgo que suponía el uso de paneles con poliuretano y poliisocianurato (PIR), dos materiales altamente inflamables. A pesar de estar autorizados para su uso, hay muchas voces en el sector que critican la falta de regulación clara sobre su instalación en fachadas ventiladas.
La responsabilidad de promotoras y técnicos
La promotora FBEX y sus responsables técnicos también son mencionados en el recurso judicial. Las víctimas reclaman que se llame a declarar a ingenieros, arquitectos y a la empresa constructora para aclarar qué criterios se siguieron en la elección de esos materiales, y si se incurrió en cualquier tipo de negligencia o falta de diligencia profesional.
Además, el procedimiento de autorización urbanística aprobado por el Ayuntamiento de Valencia también es puesto en duda. “Queremos saber si realmente se cumplió con toda la normativa vigente o si hubo irregularidades durante el proceso de inspección”, declara Cristina Martínez, abogada representante de varias familias.
Silencio administrativo e informe pendiente de la policía
Otra de las denuncias del bufete es la falta de respuesta por parte de las instituciones. El despacho asegura que ha solicitado reiteradamente copia del informe de la Policía Científica, sin que hasta la fecha haya recibido una respuesta oficial.
Ese informe es considerado clave para esclarecer el origen y propagación del fuego y para completar la investigación con fundamentos técnicos independientes. La negativa o demora en su entrega pone en tela de juicio la transparencia del proceso judicial y deja en suspenso la posibilidad de establecer responsabilidades claras.
El impacto emocional y social: vivir sin justicia
Detrás de las demandas legales hay historias humanas devastadoras. Familias que lo han perdido todo, vecinos que vieron cómo las llamas devoraban sus recuerdos, y una comunidad entera marcada por el dolor y la incertidumbre.
“No buscamos venganza, queremos verdad y justicia. Queremos saber qué salió mal y asegurarnos de que nunca vuelva a pasar”, comenta uno de los vecinos afectados. La sensación general entre los damnificados es de frustración e impotencia ante lo que consideran una respuesta institucional débil.
El incendio también destapó carencias en los protocolos de actuación ante emergencias y levantó cuestionamientos sobre la preparación de las infraestructuras urbanas modernas frente a situaciones de riesgo extremo como esta.
Expertos advierten sobre la inseguridad en construcciones similares
A raíz del suceso, arquitectos y profesionales del sector han comenzado a cuestionar el modelo constructivo empleado en edificios construidos entre los años 2005 y 2010, una época en la que se promovió una arquitectura más rápida y eficiente, muchas veces a costa de la calidad y seguridad.
Estudios realizados tras el incendio apuntan que, si no se revisan estos estándares, podrían existir otros bloques con los mismos materiales inflamables expuestos a potenciales tragedias similares.
Revisión de normativas y nuevas exigencias
El caso ha abierto un debate dentro de la administración pública en torno a la necesidad de actualizar la normativa sobre materiales de construcción y sus certificaciones de seguridad.
- Mayor control en la instalación de paneles térmicos y recubrimientos exteriores.
- Inspecciones más rigurosas en los edificios residenciales verticales.
- Evaluación de riesgo frente a incendios en urbanizaciones de alta densidad.
De hecho, algunos partidos políticos han propuesto llevar este caso al foro del Congreso y las Cortes Valencianas para exigir respuestas al Gobierno y plantear reformas legislativas.
¿Qué pasará ahora con la causa judicial?
El Juzgado de Instrucción nº 9 tiene ahora en sus manos la decisión de aceptar o rechazar el recurso presentado por las víctimas. Si se admite, se reabrirá la causa y se podrán practicar nuevas diligencias.
Sin embargo, si se mantiene el archivo, las familias podrán presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia, que tendría la última palabra sobre la posibilidad de investigar más a fondo los hechos.
Conclusión: un camino que apenas comienza
La búsqueda de justicia tras el incendio de Campanar está lejos de concluir. Las víctimas reclaman transparencia, respuestas y medidas concretas para evitar que otras personas sufran consecuencias similares en el futuro.
Mientras tanto, la sociedad valenciana observa con atención la evolución del proceso y la capacidad de sus instituciones para responder ante una tragedia que ha dejado una cicatriz imborrable en la ciudad.
Reabrir la causa no solo es un acto de reparación para quienes lo han perdido todo; es también una oportunidad para mejorar la seguridad y responsabilidad en el ámbito urbanístico. Las familias afectadas no han perdido la esperanza, y su determinación podría marcar un precedente importante en la historia judicial y arquitectónica de España.
