Valencia exige gestionar su litoral tras nueva ley ambiental
La Comunitat Valenciana reclama el control del litoral ante los cambios legislativos
La Generalitat Valenciana ha alzado la voz para reclamar competencias propias sobre la gestión del litoral tras la reciente modificación de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno central. Esta actualización normativa ha encendido el debate en la región, que exige adaptar la legislación estatal a la realidad del territorio valenciano, caracterizado por una estrecha relación entre el desarrollo económico y el entorno costero.
Una ley con impacto directo sobre el futuro de municipios costeros valencianos
La nueva legislación, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, plantea un endurecimiento en las condiciones para mantener concesiones en zonas del litoral afectadas por el cambio climático o procesos de regresión. Esta normativa implica un recorte en la ocupación del dominio público marítimo-terrestre por parte de infraestructuras situadas sobre bienes de interés económico, turístico o social.
La Comunitat Valenciana, una de las regiones con mayor exposición al mar Mediterráneo, teme que esta reforma suponga un golpe para múltiples sectores, desde el turismo hasta la pesca, pasando por actividades deportivas y urbanas costeras.
Los municipios afectados levantan la voz
Más de una veintena de ayuntamientos valencianos, principalmente aquellos con urbanizaciones y negocios en primera línea de playa, han mostrado su preocupación. Entre ellos destacan:
- Gandía
- Denia
- Alboraya
- El Perellonet
- Cullera
Los representantes municipales temen que la nueva normativa derive en una pérdida patrimonial y en la obligación de demoler infraestructuras consolidadas desde hace décadas.
El Consell pide transferencias para asumir la gestión directa del litoral
Frente a esta situación, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha exigido al Gobierno central que transfiera a la administración autonómica las competencias plenas sobre la ordenación y protección de su costa.
Según Mazón, “la Generalitat es quien mejor conoce su territorio y puede equilibrar desarrollo y sostenibilidad”. El presidente valenciano considera injusto que, pese a contar con más de 500 kilómetros de costa, la Comunitat no tenga capacidad legal para decidir sobre la gestión de su franja litoral.
Esta demanda no es nueva, pero cobra fuerza en un contexto en el que las decisiones centrales pueden suponer la paralización de proyectos estratégicos para el tejido económico y social de la región.
Los argumentos de la Generalitat
Entre las razones para solicitar estas competencias destacan:
- Proximidad administrativa: capacidad de reacción más rápida ante emergencias y fenómenos naturales.
- Personal técnico especializado: con conocimientos en las peculiaridades de la costa valenciana.
- Coordinación con políticas autonómicas: en turismo, medio ambiente, urbanismo y economía.
Un debate sobre sostenibilidad y derechos adquiridos
La nueva ley ha avivado el recurrente debate entre preservación ambiental y derechos históricos de uso del litoral. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se defiende que la reforma es vital para proteger el litoral frente al aumento del nivel del mar y los efectos del cambio climático.
Sin embargo, para la Generalitat Valenciana, cualquier avance normativo debe respetar los derechos adquiridos de las personas que llevan generaciones viviendo o trabajando en la costa.
Impacto sobre el urbanismo y los usos recreativos
En actividades como el surf, la hostelería o el alquiler de hamacas y sombrillas, las concesiones pueden quedar en el aire ante la reinterpretación del dominio público. También se verán afectadas:
- Viviendas construidas en núcleos costeros incluidos históricamente dentro de la red urbana.
- Negocios ubicados en paseos marítimos gestionados durante décadas por los ayuntamientos.
- Instalaciones deportivas, como clubes náuticos y escuelas de vela.
Para la Generalitat, estos usos conviven con el medio ambiente y contribuyen al modelo de desarrollo sostenible que lleva promoviendo la región durante años.
El Parlamento Valenciano se moviliza en defensa del litoral
Las Cortes Valencianas, con el respaldo de una mayoría parlamentaria, han aprobado una proposición no de ley en la que se exige el inicio de un proceso de negociación con el Gobierno central con vistas a establecer un nuevo marco competencial costero.
El documento insta al Ejecutivo a respetar la singularidad del litoral valenciano y a aplicar la ley con flexibilidad en función de las características locales.
Respaldo institucional y social
La iniciativa ha sido respaldada por diversas entidades, como:
- Asociaciones de vecinos en núcleos costeros.
- Cámaras de comercio provinciales.
- Federaciones de municipios y organismos locales.
La presión institucional se une a la movilización social, ya que numerosas plataformas ciudadanas han iniciado campañas de recogida de firmas para solicitar una gestión local del litoral más participativa y adaptada a sus realidades.
¿Qué implicaría la transferencia de competencias costeras?
En caso de lograrse, la Generalitat Valenciana podría tomar decisiones clave sobre:
- El uso de playas y dominio público marítimo-terrestre.
- Concesiones y explotaciones temporales o permanentes.
- Protección y regeneración de ecosistemas litorales.
- Planificación urbana litoral y sostenibilidad ambiental.
En la actualidad, estas competencias pertenecen al Estado, y su delegación requeriría una reforma legislativa o un nuevo acuerdo entre ambas administraciones. Algunas comunidades como Andalucía o Canarias ya han avanzado en modelos similares, lo que fortalece la posición valenciana.
¿Qué dice la Constitución y el Estatuto de Autonomía?
Según el artículo 148.1.7 de la Constitución Española, las comunidades autónomas pueden asumir competencias en materia de ordenación del territorio y litoral. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana también prevé, en su artículo 49.1.23, la posible asunción de estas competencias previa transferencia desde el Estado.
Esto pone sobre la mesa la posibilidad jurídica, aunque requiere voluntad política y negociación institucional.
Camino a seguir: diálogo, consenso y respeto territorial
Desde la Generalitat se hace un llamado a abrir una mesa de trabajo conjunta entre las administraciones estatal, autonómica y local para acordar un modelo de gestión compartida o transferida que armonice el respeto al medio ambiente con la utilización racional de la costa.
Los expertos coinciden en que una gestión territorial próxima puede mejorar la eficacia del control ambiental y favorecer la conservación del litoral sin renunciar al desarrollo económico.
Por ello, se plantean propuestas como:
- Rediseño del marco legal actual para incluir excepciones por perfiles costeros.
- Creación de observatorios autonómicos y comarcales de vigilancia costera.
- Inversión en regeneración natural de playas afectadas por el retroceso del mar.
Conclusión: la Comunitat Valenciana ante el reto del litoral
La reforma de la Ley de Costas ha intensificado un viejo debate: ¿quién debe gestionar la costa valenciana? Para la Generalitat, la respuesta es clara: la comunidad que mejor conoce, protege y se compromete con su entorno litoral debe tener la capacidad decisoria sobre él.
En juego están no solo aspectos ambientales, sino también la identidad cultural, social y económica de miles de valencianos. Alcanzar un modelo sostenible y equitativo requerirá diálogo, garantías legales y respeto por los territorios. El futuro de las costas valencianas podría quedar en manos de sus propios habitantes, si el Estado opta por la cesión de competencias recl
