Detenidos por estafa de 16.000 € como falsos abogados
Un caso de suplantación y engaño en Oliva
En una operación desarrollada en Oliva (Valencia), la Guardia Civil ha puesto tras las rejas a dos personas acusadas de cometer una estafa de 16.000 euros tras hacerse pasar por abogados sin contar con titulación ni autorización legal. Este nuevo caso de fraude profesional pone de manifiesto la importancia de verificar la identidad de quienes ofrecen servicios jurídicos.
El modus operandi de los estafadores
Los detenidos, un hombre y una mujer de nacionalidad española, estaban supuestamente implicados en un complejo fraude continuado en el que se ganaban la confianza de sus víctimas haciéndose pasar por profesionales del Derecho. Según fuentes de la Guardia Civil, su actuación se centraba principalmente en personas en situación legal precaria o con desconocimiento del sistema judicial español.
Los supuestos abogados ofrecían sus servicios para llevar trámites judiciales, principalmente en el ámbito de extranjería, asegurando la obtención favorable de permisos de residencia o regularización de documentación. Una vez “contratados”, solicitaban pagos por adelantado para cubrir gastos jurídicos, además de honorarios personales.
El engaño: cobros, falsas promesas y huida
Las víctimas accedían a realizar pagos anticipados que iban desde los 1.000 hasta los 6.000 euros, pensando que estaban abonando servicios legítimos. En total, se calcula que la suma defraudada ascendió a más de 16.000 euros.
- Pagos en metálico y transferencias, sin registros oficiales ni justificantes detallados.
- Promesas de trámites rápidos que nunca se iniciaban ante ninguna institución.
- Falsificación de documentos y entrega de contratos sin validez legal para ocultar la estafa.
Cuando las víctimas solicitaban explicaciones o comprobaban que no había avances, los falsos abogados ofrecían excusas relacionadas con retrasos burocráticos o problemas administrativos. En algunos casos, incluso amenazaban con represalias si se denunciaba la situación.
Perfil de las víctimas
Las personas perjudicadas por esta estafa legal eran, en su mayoría, extranjeros residentes en la Comunitat Valenciana, buscando regularizar su situación en España. Algunos de ellos se encontraban en situación de vulnerabilidad administrativa, lo que los hacía especialmente propensos a confiar en ofertas que parecían resolver sus problemas legales de manera rápida.
La investigación de la Guardia Civil
Inicio de las diligencias
La investigación comenzó en abril de 2024, cuando varias víctimas denunciaron ante el cuartel de la Guardia Civil de Oliva que, tras pagar importantes sumas de dinero, no habían recibido ningún servicio legal, ni respuesta clara por parte de las personas contratadas.
Los agentes, tras recibir estas denuncias, decidieron abrir una investigación para verificar la existencia de un patrón de fraude. En pocos días, identificaron a más de una decena de víctimas afectadas. Además, confirmaron que los acusados no estaban colegiados ni habilitados para el ejercicio de la abogacía en España.
Pruebas recopiladas
Durante los registros domiciliarios y entrevistas con los afectados, los investigadores obtuvieron abundante material que demostraba las mentiras y engaños utilizados por los impostores, tales como:
- Contratos falsificados con membretes y nombres de bufetes inexistentes.
- Documentación jurídica simulada que nunca fue entregada en juzgados o consulados.
- Registros bancarios de transferencias realizadas por las víctimas, con conceptos como “honorarios legales” o “asesoría jurídica”.
Con todas estas pruebas, y tras seguir la pista financiera de los implicados, se realizaron las detenciones en Oliva, donde ambos fueron capturados sin ofrecer resistencia.
Consecuencias legales para los detenidos
Los supuestos abogados fueron puestos a disposición judicial bajo acusaciones de estafa, usurpación de profesión y falsedad documental. Según el Código Penal español, estos delitos pueden acarrear penas que van desde los 2 hasta los 6 años de prisión, además de severas multas económicas.
La Guardia Civil informó que uno de los arrestados contaba con antecedentes por delitos relacionados con fraude económico y suplantación de identidad, lo que podría agravar su situación legal.
Colaboración de los colectivos afectados
La investigación también se ha visto reforzada por la colaboración de asociaciones de inmigrantes de Oliva y de toda la comarca de La Safor, que han ayudado a identificar nuevas víctimas y ofrecer acompañamiento legal. Varios colegios de abogados también han expresado su repulsa ante este caso e insisten en la importancia de acudir siempre a profesionales colegiados.
Recomendaciones a la ciudadanía
Tras este caso de estafa jurídica, las autoridades llaman a la precaución y aconsejan a la población verificar la identidad y legalidad de cualquier profesional que ofrezca servicios legales. Se recomienda:
- Consultar la web oficial del Colegio de Abogados para comprobar la colegiación del profesional.
- Solicitar presupuestos por escrito y firmados.
- Asegurarse de que los pagos se realicen con justificante bancario.
- Desconfiar de quienes prometan resultados garantizados en trámites jurídicos.
Asimismo, se anima a denunciar cualquier irregularidad ante la Policía, Guardia Civil o Servicios de Atención al Consumidor, ya que la actuación ciudadana es clave para detectar este tipo de fraudes profesionales.
¿Cómo evitar caer en manos de falsos abogados?
En un entorno donde cada vez hay más necesidad de servicios legales —especialmente en áreas como extranjería, laboral o civil—, muchas personas se ven vulnerables a ofertas engañosas que prometen soluciones inmediatas. Para protegerse, es esencial tener en cuenta los siguientes puntos:
- Consulta previa y gratuita con asociaciones de ayuda, muchas veces es posible conocer tus derechos sin pagar un asesoramiento complejo.
- No entregar documentación personal a desconocidos sin contrato legal válido.
- Buscar reseñas y referencias del abogado o asesor antes de contratarlo.
- No acceder a pagar “por adelantado sin garantías”, ni aceptar presiones emocionales o urgencias injustificadas.
También es importante recordar que solo los abogados colegiados están legalmente habilitados para ejercer la defensa jurídica en tribunales y realizar asesoría legal formal. Los listados de profesionales acreditados están disponibles en los portales de los colegios profesionales autonómicos y nacionales.
El impacto de este caso en Oliva
La población de Oliva y municipios cercanos han reaccionado con estupor ante este nuevo episodio de estafa. Varios vecinos aseguraron que los implicados eran conocidos en la localidad, y que incluso algunos pequeños negocios locales habían recurrido a ellos para consultar trámites sin sospechar que eran impostores del Derecho.
Este caso ha generado también una ola de revisiones de documentos y servicios jurídicos previos por parte de otros ciudadanos, temerosos de haber sido también víctimas de engaños similares.
Acciones futuras de las autoridades
La Guardia Civil ha declarado que se mantiene abierta la investigación penal, y no se descarta que más personas puedan estar involucradas o que aparezcan nuevas denuncias en las próximas semanas. A su vez, se está trabajando en coordinación con la Fiscalía para presentar cargos penales contundentes.
Mientras tanto, las víctimas están recibiendo apoyo jurídico gratuito para intentar recuperar el dinero perdido y obtener asistencia legal válida para su situación.
Conclusión
Este lamentable caso en Oliva sirve como recordatorio de la importancia de la legalidad en la contratación de servicios y de la necesidad de que exista mayor educación legal ciudadana.
