Vecinos se movilizan en Orriols contra desahucio de familia
Una comunidad unida ante el desahucio de una familia vulnerable en Valencia
Decenas de vecinos del barrio de Orriols, en Valencia, se han unido una vez más para demostrar que la solidaridad es más fuerte que la adversidad. La comunidad se movilizó el pasado martes para intentar frenar el desahucio de una familia en situación de vulnerabilidad social, procedente del bloque popularmente conocido como la “Kasa Korbella”. El inmueble, ahora propiedad de un fondo buitre, fue objeto de una orden judicial que marcaba el desalojo de la madre y sus cuatro hijas menores de edad.
La noticia ha encendido las alarmas entre los colectivos sociales que operan en la zona, como la Asociación de Vecinos Orriols en Lucha y Stop Desahucios, quienes consideran urgente buscar alternativas para este tipo de actuaciones que golpean a las familias más desfavorecidas.
¿Quién es la familia afectada?
La protagonista del caso es Bouchra, una madre de cuatro niñas pequeñas, quien enfrenta serios problemas económicos. Llega a fin de mes con gran dificultad, sin contrato de alquiler formal ni recursos para costear una vivienda en el mercado actual. Ella y sus hijas vivían en un piso ocupado desde hace más de cinco años, parte de la emergencia habitacional persistente en zonas como Orriols.
Según miembros del vecindario, la familia es muy querida en la comunidad y ha hecho todo lo posible por regularizar su situación. Incluso, ha solicitado ayuda a los servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia, sin que hasta ahora se le haya ofrecido una alternativa habitacional válida. Este caso refleja el rostro de una realidad que afecta a miles de españoles: hogares con menores a cargo que quedan al margen del sistema de protección.
El desahucio: operativo policial y resistencia ciudadana
El 23 de abril amaneció con tensión en las calles de Orriols. Cerca de las 9:30 de la mañana, furgones de la Policía Nacional se desplegaron en la calle Padre Viñas para ejecutar la orden de desalojo. A pesar de la fuerte presencia policial, más de cincuenta vecinos estaban ya congregados desde primera hora para intentar frenar pacíficamente el procedimiento legal.
Las imágenes, difundidas por redes sociales y medios locales, muestran a la comunidad coreando consignas como “¡No al desahucio, vivienda digna ya!” y “¡Orriols no se rinde!”, mientras intentaban bloquear la entrada al edificio. El desalojo continuó sin incidentes graves, pero con una escena que evidencia el conflicto entre los derechos de propiedad y el derecho a la vivienda digna, reconocido por la Constitución Española.
Declaraciones de vecinos y colectivos sociales
- “Estamos aquí para proteger a una familia, no podemos mirar hacia otro lado mientras echamos a niños a la calle”, declaró un portavoz de Orriols en Lucha.
- “Pedimos al Ayuntamiento que actúe y asuma responsabilidades. No puede permitir que menores duerman en la calle”, afirmó un miembro de Stop Desahucios.
- Vecinos anónimos también denunciaron el constante acoso inmobiliario en la zona, que califican como una estrategia de gentrificación encubierta.
El fondo buitre y la ‘Kasa Korbella’: epicentro de los conflictos inmobiliarios
El inmueble donde vivía la familia fue adquirido recientemente por un fondo de inversión tras años de abandono. Conocido por los vecinos como la ‘Kasa Korbella’, este edificio fue autogestionado por diversos colectivos sociales durante más de una década, tiempo en el cual ofreció alojamiento a personas sin recursos, talleres, actividades comunitarias y asesoría legal.
Desde la venta del edificio, la empresa propietaria ha iniciado una serie de procedimientos de desalojo sistemático de todos sus inquilinos y habitantes, sin ofrecer compensaciones ni alternativas de realojo. Organizaciones vecinales advierten que esta operación forma parte de una reestructuración urbanística, con fines lucrativos, que excluye a las familias más vulnerables del derecho a vivir en su propio barrio.
Reacción del Ayuntamiento de Valencia
Ante el escándalo social que ha generado el caso, el Ayuntamiento de Valencia emitió un comunicado en el que asegura que los servicios sociales estaban trabajando con la familia desde hacía meses, y que se había ofrecido una plaza en un centro de acogida temporal. Sin embargo, vecinos y activistas insisten en que estas soluciones son parches temporales que no resuelven el problema estructural de la crisis habitacional en Valencia.
También reclaman mayor agilidad en la tramitación de ayudas públicas como el alquiler social, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la Ley de Vivienda, que en teoría protege a familias con menores contra este tipo de desahucios.
La vivienda como derecho, no como mercancía
La manifestación en Orriols ha reavivado el debate sobre la legislación actual en materia de vivienda en España. Muchos cuestionan la falta de mecanismos efectivos para evitar que personas vulnerables sean expulsadas sin una opción alternativa. A pesar de los avances legislativos aprobados en los últimos años, como la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, la aplicación práctica de estas medidas sigue siendo deficiente.
Las demandas de los colectivos vecinales
- Establecer una moratoria para todos los desahucios de familias con menores a cargo.
- Crear un parque de viviendas públicas suficiente para cubrir la demanda real.
- Garantizar una alternativa habitacional inmediata, no solo albergues temporales.
- Aumentar la presión fiscal a viviendas vacías en manos de grandes tenedores.
Testimonios que conmueven y sensibilizan
La historia de Bouchra ha tocado el corazón de vecinos y ciudadanos más allá de Orriols. Durante la mañana del desalojo, muchas personas tomaron la palabra para contar su experiencia personal con la injusticia habitacional. Desde madres solteras hasta jóvenes en situación de desempleo, los testimonios coincidían en algo: el acceso a una vivienda digna ya no es una certeza, sino un privilegio.
“El alquiler ha subido tanto que ya no se trata de no querer pagar. Es que no podemos. No hay ingresos suficientes. ¿Dónde vamos a ir?”, decía entre lágrimas una vecina del mismo bloque.
“Es indignante que nuestros hijos puedan quedar en la calle por culpa de una decisión judicial que no contempla lo humano”, apuntó otra madre afectada por una situación similar.
¿Qué dice la legislación vigente sobre los desahucios?
De acuerdo a la legislación española, un desahucio por ocupación está permitido siempre que medie una orden judicial, incluso si los ocupantes incluyen menores. No obstante, varias sentencias han reconocido la prevalencia del interés superior del menor y la necesidad de ofrecer soluciones de vivienda alternativas antes de proceder al desalojo.
La Ley de Vivienda 2023 establece medidas específicas para frenar los desahucios en ciertos casos, pero muchos expertos critican la falta de aplicabilidad real si no existe voluntad institucional. Además, los fondos buitre y grandes tenedores continúan acaparando parte del parque inmobiliario con fines especulativos, lo que agrava todavía más el déficit de viviendas accesibles.
Solidaridad como escudo: la fuerza de un barrio
A pesar de que el desalojo se ejecutó, lo que ha quedado claro es que Orriols no está dispuesto a rendirse. La movilización del vecindario ha sembrado una semilla de resistencia y ha puesto en evidencia la necesidad de políticas públicas reales y eficaces. La solidaridad mostrada por decenas de personas es una respuesta esperanzadora frente a una situación cada
