Pradas niega aviso a Cecopi sobre desborde del Poyo
La consellera de Justicia rechaza acusaciones tras la crecida de diciembre
La consellera de Justicia e Interior, Elena Pradas, ha declarado este lunes ante la jueza que en ningún momento el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) fue informado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre el riesgo de crecida del barranco del Poyo, que acabó desbordándose en diciembre y afectando gravemente a diversas localidades valencianas.
Según sostuvo en sede judicial, no se recibió ningún aviso técnico ni formal de peligro proveniente de la Confederación, contradiciendo así las declaraciones de otros responsables que afirmaron haber alertado de la situación horas antes del desastre.
Una testificación clave para esclarecer responsabilidades
Las investigaciones se centran en determinar si hubo una negligencia en la activación de protocolos ante unas lluvias que, según informes meteorológicos, eran altamente previsibles. El caso analiza el papel de las instituciones implicadas en la prevención y gestión de emergencias a nivel autonómico.
¿Por qué se desbordó el barranco del Poyo?
El pasado mes de diciembre, intensas precipitaciones en la comarca valenciana de l’Horta provocaron una catastrófica crecida del barranco del Poyo, que desemboca en el mar Mediterráneo tras atravesar varios municipios como Torrent y Alfafar. Este evento natural generó:
- Inundaciones en zonas residenciales y comerciales
- Evacuaciones de emergencia
- Daños materiales por valor de miles de euros
- Afectación del tráfico ferroviario y de carreteras
Desde entonces, numerosas voces políticas y sociales han exigido explicaciones sobre la posible falta de coordinación entre administraciones y la ausencia de alertas tempranas.
Pradas responsabiliza a la Confederación Hidrográfica del Júcar
En su declaración, la consellera Pradas fue contundente: “No hubo comunicación del riesgo por parte de la CHJ al Cecopi, ni verbal ni escrita”. Además, afirmó que el sistema autonómico de emergencias no recibió información técnica que aconsejase activar el nivel de preemergencia, lo cual hubiera desencadenado medidas de protección anticipadas.
¿Qué es el Cecopi?
El Cecopi es el Centro de Coordinación Operativa Integrada que coordina las actuaciones ante emergencias en la Comunitat Valenciana. Está compuesto por representantes de:
- Delegación del Gobierno
- Consellerias afectadas
- Fuerzas y cuerpos de seguridad
- Ayuntamientos de las zonas en riesgo
Su activación responde a protocolos autonómicos establecidos ante catástrofes naturales. Uno de los factores clave en esta investigación es determinar si el Cecopi debió activarse antes, dada la previsión meteorológica existente días antes del desbordamiento.
Posiciones enfrentadas entre Generalitat y Confederación
La declaración de Pradas choca frontalmente con la versión ofrecida anteriormente por responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, quienes manifestaron haber alertado con antelación suficiente sobre el aumento del caudal. Según estos funcionarios:
- Se advirtió de forma verbal al 112 y al personal del Cecopi
- Hubo comunicaciones de riesgo el día anterior
- Existía constancia de lluvias acumuladas que podían afectar al Poyo
Esta diferencia de versiones ha llevado a la judicatura a citar a ambos organismos para esclarecer la cronología de los hechos y determinar si las alertas se produjeron, fueron ignoradas o simplemente no llegaron al nivel de impacto esperado.
Elena Pradas defiende su actuación
Durante su comparecencia, Pradas expresó tranquilidad respecto de sus responsabilidades. Afirmó que todas las decisiones se ajustaron al protocolo vigente: “Tomé las medidas conforme a la información de la que disponíamos”.
También apuntó que el Plan Especial frente a riesgos de inundación está siendo revisado conjuntamente con los distintos niveles administrativos, para mejorar los flujos de comunicación y reacción ante eventos similares.
El Ministerio de Transición Ecológica entra en escena
Al tratarse de una infraestructura hidrográfica de cuenca intercomunitaria, el barranco del Poyo cae bajo competencia del Gobierno central, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, vía Confederación del Júcar. Este hecho complica el cruce de competencias con el Ejecutivo autonómico.
Reclamaciones dirigidas al Gobierno central
La Generalitat ha solicitado que el Estado asuma parte de la responsabilidad por lo ocurrido. Según fuentes oficiales autonómicas, se considera que:
- No se actuó con diligencia por parte de la Confederación
- No se enviaron informes de impacto hidrológico previos
- Se careció de coordinación real sobre los niveles del embalse y caudal del barranco
Desde Madrid, sin embargo, se sostiene que se actuó conforme al protocolo y se compartió la información disponible en tiempo y forma establecida.
Demandas vecinales y presión política
Mientras tanto, los vecinos afectados no ocultan su indignación. Asociaciones vecinales de Torrent, Alfafar y Picanya han presentado escritos y solicitudes de indemnización, alegando falta de previsión y negligencia institucional generalizada.
Repercusiones legales en curso
El juzgado de instrucción sigue recabando pruebas para determinar si se produjo una omisión de deberes de socorro o negligencia administrativa. Las consecuencias legales podrían implicar:
- Procesos disciplinarios a funcionarios responsables
- Indemnizaciones por daños patrimoniales
- Modificación de protocolos de actuación en emergencias
Próximos pasos en la investigación del desbordamiento
Se espera que en las próximas semanas comparezcan nuevos testigos ante la jueza instructora. Entre ellos podrían incluirse:
- Técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
- Responsables de protección civil municipal
- Portavoces de entidades de gestión fluvial
El objetivo es clarificar el momento exacto en que se tuvo conocimiento real del riesgo de crecida y si hubo una omisión por parte de alguien en trasladar la alerta a los niveles operativos del Cecopi.
Revisión del sistema de alertas y coordinación institucional
Más allá del debate político, técnicos de ambas administraciones coinciden en que es necesario modernizar los mecanismos de alerta. Actualmente se utilizan:
- Modelos de predicción meteorológica y modelos hidrológicos
- Sistemas automáticos de recogida y transmisión de datos de caudal
- Alertas por niveles de aviso que requieren interpretación humana
Estas herramientas, aunque útiles, pueden fallar si no existe una correcta interpretación técnica y una cadena de mando clara para tomar decisiones anticipadas.
Conclusión: un caso que marcará precedentes
La negación por parte de Elena Pradas sobre haber recibido aviso del desbordamiento del Poyo no cierra la investigación, pero sí coloca el foco sobre los protocolos de comunicación entre administraciones. Mientras la jueza profundiza en el análisis de datos y testimonios, la sociedad exige transparencia, responsabilidad y medidas que eviten nuevos episodios similares.
Este caso puede convertirse en un referente para la gestión de emergencias en la Comunitat Valenciana, obligando a redefinir responsabilidades entre administraciones y reforzar los mecanismos de previsión ante fenómenos climáticos extremos.
