Mompó declarará el 17 de julio por la gestión de la DANA
Un paso decisivo en la investigación sobre la gestión de desastres naturales en la Comunitat Valenciana
El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha sido citado a declarar el próximo 17 de julio en calidad de investigado por su presunta responsabilidad en la gestión de los fondos de emergencia durante la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que azotó la región en 2019. Tras dos aplazamientos anteriores, esta comparecencia marcará un momento crucial para esclarecer posibles irregularidades en la asignación de ayudas a los municipios afectados.
¿Qué es la DANA y cómo afectó a Valencia?
La DANA, también conocida como “gota fría”, es un fenómeno meteorológico extremo caracterizado por lluvias intensas y persistentes. En septiembre de 2019, este evento climatológico dejó graves daños materiales en diversos puntos de la Comunitat Valenciana, especialmente en la provincia de Valencia, provocando:
- Inundaciones en áreas urbanas y rurales
- Desplazamiento de cientos de familias
- Daños significativos en infraestructuras públicas
- Pérdidas agrícolas millonarias
Las administraciones locales, incluyendo a la Diputación de Valencia, fueron pieza clave en la respuesta a esta emergencia. El uso que se dio a los fondos para reconstrucción y ayuda es ahora el epicentro de la investigación judicial.
Vicent Mompó: quién es y por qué debe declarar
Vicent Mompó, del Partido Popular, es presidente de la Diputación de Valencia desde julio de 2023. Sin embargo, su citación judicial se remonta a su anterior etapa y a su presunta participación durante el mandato municipal en el municipio de la Ribera Alta.
La investigación pretende determinar si se produjo una mala praxis en la gestión de subvenciones dirigidas a paliar los efectos de la DANA. En concreto, se examina:
- La asignación de fondos a municipios específicos sin criterios técnicos transparentes
- La prioridad dada a algunos proyectos sobre otros
- La posible utilización partidista de las ayudas públicas
Motivos de los aplazamientos judiciales
La comparecencia de Mompó, inicialmente prevista para fechas anteriores, fue aplazada en dos ocasiones. Según fuentes judiciales, estos retrasos se debieron a motivos organizativos vinculados a la carga judicial del juzgado instructor y al cambio de representación legal por parte del investigado.
Esos retrasos generaron inquietud en la opinión pública y en sectores políticos, dada la relevancia institucional de Mompó y la naturaleza delicada de la investigación.
Los nuevos plazos marcan una etapa clave
Finalmente, el juzgado de instrucción número 4 de Alzira ha fijado el 17 de julio como fecha definitiva para la declaración. De acuerdo con la convocatoria judicial, Mompó deberá aclarar su implicación en los siguientes aspectos:
- Los criterios utilizados para distribuir las ayudas
- La comunicación con los ayuntamientos afectados
- La justificación de las decisiones adoptadas en el marco de emergencia
Reacciones políticas: división y exigencias de transparencia
La citación de Mompó ha despertado una oleada de reacciones políticas de distintos partidos, tanto en el ámbito autonómico como provincial. Mientras desde el Partido Popular se defiende la actuación del presidente de la Diputación, otras formaciones piden una depuración de responsabilidades:
- Compromís ha solicitado una auditoría de todos los fondos anti-DANA asignados entre 2019 y 2020.
- PSPV-PSOE reclama explicaciones públicas y transparencia absoluta por parte del responsable provincial.
- Unides Podem exige que se investigue si hubo beneficios particulares derivados de las ayudas públicas.
La presión comunicacional se intensifica a medida que se acerca la fecha de la comparecencia, mientras algunos sectores de la sociedad civil también exigen mayor visibilidad de los expedientes relacionados.
El papel de la Diputación de Valencia en la gestión de emergencias
La Diputación de Valencia desempeñó un papel clave durante los días posteriores a la DANA. Entre sus competencias se encontraba la gestión y distribución de los fondos extraordinarios provenientes tanto de la Generalitat Valenciana como de ayudas estatales.
Además, esta institución asumió tareas de:
- Evaluación de daños en infraestructuras municipales
- Asignación y tramitación de indemnizaciones
- Coordinación con organismos de emergencias y seguridad
La investigación se focaliza en conocer si estos procesos se ajustaron a los principios de legalidad, equilibrio territorial e imparcialidad.
Posibles consecuencias legales y políticas
En caso de que se determine una mala gestión o uso indebido de los fondos públicos, Mompó podría enfrentarse no solo a consecuencias judiciales, sino también políticas. Algunos escenarios posibles incluyen:
- Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas
- Pérdida de confianza institucional y solicitud de dimisión
- Apertura de procedimientos sancionadores por parte del Tribunal de Cuentas
No es la primera vez que la gestión de desastres naturales lleva a funcionarios a rendir cuentas ante la justicia. Sin embargo, el caso Mompó destaca por la relevancia mediática e institucional de su figura en la actualidad.
Antecedentes similares en la Comunitat Valenciana
La DANA de 2019 no fue el único caso en el que se activaron ayudas extraordinarias, y en episodios previos algunos municipios también denunciaron supuestos tratos diferenciales. Entre los antecedentes destacan:
- El reparto de ayudas tras el temporal Gloria (2020)
- La recuperación post incendios en el interior provincial (2022)
Estos antecedentes sirvieron de base para que, en la actualidad, múltiples organizaciones civiles pidan la creación de un órgano independiente de supervisión de ayudas catastróficas.
La importancia de una gestión transparente en catástrofes naturales
Las catástrofes naturales no solo dejan una marca física, también plantean desafíos administrativos complejos. La necesidad de reaccionar rápido puede generar brechas en los sistemas de control. Por eso, la transparencia y el buen gobierno se vuelven fundamentales.
Una gestión ética y eficiente asegura que los recursos lleguen a quienes más los necesitan, sin servir intereses políticos ni personales.
Buenas prácticas para una gestión impecable post-catástrofe
Según organizaciones como Transparency International y Cruz Roja, los gobiernos deben seguir estas buenas prácticas:
- Criterios técnicos claros para la asignación de fondos
- Comunicación fluida con afectados y entes locales
- Seguimiento continuo de las ayudas y publicaciones de informes detallados
- Control externo de auditorías independientes
Expectativas ante la declaración de Mompó
El próximo 17 de julio será una fecha decisiva tanto para Mompó como para la imagen institucional de la Diputación de Valencia. La ciudadanía espera respuestas claras y que la justicia valore con equidad las actuaciones en momentos de crisis.
En este proceso no solo está en juego el destino político de una figura pública, sino también la confianza de los valencianos en sus instituciones frente a emergencias futuras.
Conclusión: ¿inicio de una mayor fiscalización en la gestión de emergencias?
La futura comparecencia judicial del presidente de la Diputación, Vicent Mompó, podría marcar un antes y un después en la fiscalización de la ayuda pública en situaciones de emergencia. Mientras se esclarecen los hechos, el foco está puesto en garantizar que las catástrofes naturales no se conviertan en oportunidades de lucro político.
Los ojos de la ciudadanía están ahora en la justicia, esperando que impere la transparencia, y que cada euro destinado a la recuperación cumpla su fin: construir una Comunitat Valenciana más fuerte y resiliente.
La información continuará desarrollándose a medida que avance la investigación y se acerque la fecha establecida por el juzgado.
