Les Corts exigen FLA extra y avalan decreto ambiental

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Les Corts exigen FLA extra y avalan decreto ambiental

La Generalitat Valenciana insiste al Gobierno central en la necesidad de un Fondo de Liquidez Extraordinario

Las Corts Valencianes han aprobado una proposición no de ley en la que exigen con firmeza al Gobierno de España la aprobación de un Fondo de Liquidez Autonómica Extraordinario (FLA) para el año 2024. Esta iniciativa, impulsada por los partidos que integran el Gobierno de la Generalitat —Partido Popular (PP) y Vox—, busca asegurar recursos imprescindibles para el mantenimiento de servicios básicos en la Comunitat Valenciana ante el retraso en la reforma del sistema de financiación.

Los grupos mencionados denuncian que el actual modelo de financiación resulta altamente discriminatorio para la Comunitat Valenciana, situándola entre las autonomías peor financiadas del país. Bajo este contexto, las formaciones instan al Ejecutivo central a habilitar un mecanismo económico que supla esta carencia mientras se construye una reforma estructural del sistema.

Motivos de la petición del FLA extraordinario

Durante el debate parlamentario, se destacaron datos y argumentos clave para justificar la urgencia del fondo:

  • Cronificación de la infrafinanciación: Desde hace años, la Comunitat Valenciana ocupa la última posición en financiación per cápita.
  • Dificultades presupuestarias: La situación compromete el equilibrio de las cuentas públicas y limita el gasto social en áreas vitales como salud, educación y servicios sociales.
  • Falta de un nuevo modelo de financiación: La última modificación del sistema data de 2009, dejando sin atender las reiteradas demandas tanto del Consell como de diversos sectores sociales.

Reacciones políticas frente al FLA

El conseller de Hacienda, Ruth Merino, afirmó que “los valencianos no pueden esperar más” y señaló que los efectos de la infrafinanciación suponen “una gran injusticia” para los ciudadanos de la región. Desde el PP y Vox, se acusó directamente al gobierno central de turno de mantener bloqueada una reforma que ya exigen amplios sectores políticos y sociales.

Por su parte, los grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) votaron en contra de la propuesta tras expresar su rechazo al contexto actual de endeudamiento creciente. Acusaron al Consell de “victimismo político” y de utilizar esta exigencia como una cortina de humo para justificar su propia gestión presupuestaria.

Aprobación del decreto ambiental entre críticas y urgencias

Junto a la exigencia del FLA extraordinario, Les Corts también han aprobado —convalidándolo por decreto— un nuevo decreto ley de simplificación ambiental, con el objetivo de agilizar procedimientos administrativos relacionados con proyectos de desarrollo.

La normativa, promovida por las Consellerias de Medio Ambiente y Agricultura, busca facilitar inversiones industriales y energéticas sin por ello menoscabar la conservación del entorno. No obstante, su aprobación no ha estado exenta de polémica, con diversos partidos de la oposición y ONG ecologistas criticando su contenido.

¿En qué consiste el decreto de simplificación ambiental?

  • Aceleración de trámites para proyectos que requieran evaluaciones medioambientales.
  • Reducción de la burocracia para nuevas iniciativas agrícolas, energéticas o industriales.
  • Adaptación a normativa europea para la agilización de los procesos sin revelar daños al ecosistema.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente se ha insistido en que esta ley responde a los compromisos adquiridos con el tejido empresarial, que reclama mayor agilidad legislativa para poner en marcha proyectos de energía renovable y desarrollo rural.

Posturas divididas en el Parlament

Mientras que PP y Vox avalaron el texto asegurando que “la protección del medio ambiente puede coexistir con el crecimiento económico sostenible”, el PSPV, Compromís y Unides Podem advirtieron sobre los riesgos de vulnerar principios ambientales. La diputada de Compromís Paula Espinosa calificó el decreto como un “ataque contra los trámites de evaluación que protegen nuestros ecosistemas”.

Por su parte, la consellera Salomé Pradas defendió la medida señalando que “no reducimos protección ambiental, sino duplicidades innecesarias que lastraban el desarrollo local”. Se comprometió a realizar un seguimiento de su impacto y adaptar determinadas cláusulas si generan impacto negativo en la biodiversidad.

Contextualización del conflicto por la financiación autonómica

El actual sistema de financiación autonómica asigna los fondos que cada comunidad autónoma recibe del Estado para cubrir competencias como sanidad, educación y servicios sociales. Sin embargo, se arrastra desde hace más de una década una estructura que genera desequilibrios reales entre regiones, siendo la Comunitat Valenciana una de las más afectadas negativamente.

Un informe del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) reveló que, en 2023, los valencianos recibieron alrededor de 223 euros menos por habitante en comparación con la media estatal. Esta diferencia ha llevado a un aumento exponencial de la deuda pública autonómica, ahora superior a los 50.000 millones de euros.

¿Qué reclaman las autonomías injustamente financiadas?

Varias comunidades han unido su voz a la causa valenciana, solicitando una revisión urgente del reparto del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Las principales demandas incluyen:

  • Creación de un modelo equitativo donde prevalezcan criterios objetivos adicionales al tamaño poblacional.
  • Compensación transitoria mediante un FLA extraordinario para mitigar la falta de liquidez.
  • Compromiso estatal con fecha límite para renovar el sistema vigente.

En este escenario, la Generalitat apuesta por elevar el tono de sus exigencias, planteando incluso solicitar una cumbre interautonómica que aborde de forma conjunta la problemática.

El doble frente del Consell: financiación y sostenibilidad ambiental

Con la aprobación simultánea del requerimiento de FLA y la convalidación del decreto ambiental, el Gobierno valenciano activa dos ejes claves de su gestión: resolver la falta crónica de financiación y promover un desarrollo económico basado en la inversión sostenible.

Desde la sociedad civil y sectores empresariales, ambas medidas han sido recibidas con matices. Si bien la reivindicación del FLA es respaldada ampliamente, el decreto ambiental despierta preocupación en organizaciones ambientalistas como SEO/BirdLife o Amigos de la Tierra. Estas entidades advierten que la flexibilidad normativa puede abrir la puerta a abusos si no se regula adecuadamente el proceso de evaluación ambiental.

Próximos pasos políticos

La secretaria autonómica de Hacienda ha anunciado que solicitarán una reunión urgente con la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar directamente la aprobación del FLA extraordinario correspondiente a 2024. Además, Les Corts estudian crear una comisión mixta con participación parlamentaria, técnica y ciudadana para sentar las bases de una reforma en el sistema de financiación a medio plazo.

En paralelo, la Conselleria de Medio Ambiente ha comprometido una revisión trimestral del impacto del nuevo decreto de simplificación, publicando informes de transparencia para evaluar su eficacia y sostenibilidad.

Conclusión

La doble aprobación por parte de Les Corts Valencianes —por un lado, la demanda de un FLA extraordinario al Gobierno central y, por otro, la validación del decreto ambiental de simplificación— refleja la estrategia política del actual Consell de PP y Vox: garantizar financiamiento suficiente para los servicios esenciales y facilitar condiciones óptimas para el desarrollo empresarial.

Sin embargo, ambos frentes requieren consensos amplios y vigilancia ciudadana. En el caso del FLA, se espera una respuesta formal del Ejecutivo central en las próximas semanas. En lo ambiental, el reto será garantizar que la agilización administrativa no se traduzca en una degradación ambiental.

La Comunitat Valenciana afronta un momento decisivo para su sostenibilidad financiera y ecológica. Con la vista puesta en 2024 y más allá, la presión parlamentaria y ciudadana será clave para los próximos pasos del desarrollo regional.

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