Jueza evalúa unificar acusaciones en caso por la dana
La jueza instructora plantea dar coherencia procesal al caso por la DANA en la Vega Baja
La jueza encargada de la investigación sobre la gota fría (DANA) de 2019 en la Vega Baja del Segura ha propuesto una unificación de las acusaciones particulares que participan en el proceso judicial. Esta decisión busca dar agilidad y homogeneidad al procedimiento, ante la dispersión generada por múltiples representaciones que comparten, en esencia, los mismos intereses.
El caso se centra en los daños ocasionados durante las intensas lluvias de septiembre de 2019, que provocaron graves inundaciones en diversos municipios de la Comunitat Valenciana, dejando a su paso destrucción material, evacuaciones masivas y consecuencias de gran envergadura. A medida que avanzan las diligencias, el juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela estudia medidas para desarrollar el proceso de forma más eficiente.
Contexto del procedimiento judicial impulsado por la DANA de 2019
Consecuencias de una catástrofe natural sin precedentes
La DANA de 2019 está considerada una de las mayores catástrofes naturales que ha sufrido la Comunidad Valenciana en las últimas décadas. Los caudales desbordados del río Segura, las lluvias torrenciales y las infraestructuras colapsadas expusieron la posible responsabilidad de instituciones y organismos públicos en la gestión de la emergencia.
Como consecuencia, varias asociaciones de afectados, así como plataformas vecinales y ayuntamientos, interpusieron querellas y denuncias penales por la supuesta comisión de delitos como:
- Omisión del deber de socorro
- Negligencia en la prevención del riesgo
- Posibles delitos medioambientales
El objeto del proceso es investigar si hubo responsabilidad penal o administrativa por parte de organismos públicos o empresas concesionarias en la gestión y mantenimiento de cauces, infraestructuras hidráulicas y sistemas de emergencia.
Fragmentación de las acusaciones: un reto para la instrucción
Con el paso del tiempo, el procedimiento ha ido sumando diferentes partes personadas que actúan como acusación particular. Todas ellas representan a vecinos y afectados de distintas localidades como Orihuela, Dolores, Almoradí, Catral o Callosa de Segura.
Sin embargo, la dispersión procesal, con múltiples escritos, pruebas similares y argumentos repetidos, ha llevado a la jueza a estudiar una medida excepcional: la unificación de las acusaciones o, en su defecto, el establecimiento de una única dirección letrada para todas ellas.
La propuesta judicial: simplificación mediante representación común
Objetivo de la medida: cohesión, economía procesal y eficiencia
La jueza instructora ha elevado una propuesta concreta a las partes procesales. Esta consiste en que las acusaciones particulares compartan una dirección letrada única, con el fin de evitar duplicidades, reducir cargas administrativas y agilizar la resolución del caso.
Las razones de fondo expuestas por el Juzgado son las siguientes:
- Homogeneizar la posición procesal de los afectados frente a una situación común de perjuicio
- Reducir la carga de documentos similares: escritos, solicitudes de prueba, audiencias
- Evitar dilaciones indebidas en los plazos de instrucción
- Facilitar el control judicial de los actos procesales
¿Una medida excepcional o precedente judicial?
Aunque en procesos penales complejos esta figura no es habitual, el artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite la agrupación de defensas cuando los intereses son coincidentes y se ve comprometida la buena marcha del procedimiento.
En este caso, al tratarse de una catástrofe natural con múltiples víctimas y circunstancias reiteradas, el planteamiento de establecer una única acusación particular no solo es jurídicamente posible, sino que podría convertirse en ejemplo para casos similares.
Postura del Ministerio Fiscal y de los representantes legales
Primera valoración de los abogados de las partes
Los distintos letrados que representan a los afectados han sido notificados sobre la propuesta judicial. Tal y como ha trascendido, algunos de ellos ya han expresado reservas sobre la medida, mientras que otros la reciben como una solución viable ante la complejidad y lentitud del caso.
Según ha informado el abogado Enrique Pradas, uno de los letrados con mayor representación de afectados, la prioridad debe ser garantizar que ninguna parte vea mermada su capacidad de defensa o su derecho a intervenir activamente en la instrucción:
“La propuesta puede agilizar formalmente el proceso, pero debe garantizarse una participación justa y equitativa para todas las víctimas”, afirmó Pradas.
El papel de la Fiscalía en el futuro del caso
En cuanto al Ministerio Fiscal, su informe será clave para que el Juzgado adopte una decisión definitiva. Si la Fiscalía respalda la unificación, esta podría formalizarse en las próximas semanas.
El criterio que adopte el fiscal girará en torno a si la medida beneficia una mejor administración de justicia, sin generar indefensión a ninguna de las partes.
¿Qué se está investigando exactamente en el caso de la DANA?
Principales líneas de actuación judicial
La causa principal investiga si hubo falta de previsión o actuación indebida por parte de:
- La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)
- Ayuntamientos locales con competencia en evacuación y prevención
- Organismos autonómicos, como la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias
- Concesionarias de infraestructuras hidráulicas
Las diligencias se centran en verificar si se tomaron las decisiones adecuadas en cuanto al estado de las infraestructuras de drenaje, limpieza de cauces, coordinación de evacuaciones e información previa a los eventos meteorológicos.
Importancia de la carga probatoria y de los informes periciales
Uno de los aspectos cruciales en esta investigación será la documentación técnica, incluyendo:
- Informes meteorológicos del AEMET antes y durante la DANA
- Mapas de riesgo hidráulico y previsión de desbordamientos
- Documentación municipal sobre planes de emergencia locales
- Peritajes sobre el mantenimiento de infraestructuras de drenaje
Asimismo, continúan las tomas de declaración a testigos y técnicos con responsabilidad institucional durante el paso del temporal.
Afectados: el eje humano del proceso judicial
Reclamaciones civiles y penales ante los daños sufridos
Más allá del debate judicial, cientos de familias y pequeños empresarios reclaman desde hace más de cuatro años compensaciones económicas y que se depuren responsabilidades por los daños irreversibles que sufrieron en viviendas, cosechas, vehículos, enseres y locales.
Muchas de esas indemnizaciones no han sido reconocidas aún, ya que dependen del devenir del proceso penal para determinar culpabilidades y negligencias. En este contexto, las asociaciones de afectados han exigido:
- Justicia reparadora para las víctimas
- Verdad sobre las causas del desbordamiento
- Cambios estructurales en la gestión del riesgo natural en la Vega Baja
Las plataformas ciudadanas presionan por transparencia
Colectivos como la Plataforma Segura Transparente y la Asociación Apoyo a las Víctimas de la DANA insisten en que solo un proceso transparente permitirá recuperar la confianza en las instituciones.
