La Generalitat recurrirá registro estatal de viviendas turísticas
Conflicto entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno central
La Generalitat Valenciana ha manifestado su firme oposición al reciente decreto aprobado por el Gobierno de España para establecer un registro único estatal de viviendas de uso turístico. El Consell considera que esta medida vulnera competencias autonómicas exclusivas y, por tanto, ha anunciado que recurrirá legalmente esta normativa ante el Tribunal Constitucional.
Con esta acción, el Ejecutivo valenciano, liderado por el presidente Carlos Mazón, busca defender sus intereses competenciales en materia de turismo y vivienda. Esta decisión se enmarca dentro de una serie de tensiones entre diferentes comunidades autónomas y el Gobierno central sobre el control y la regulación del creciente fenómeno de los alquileres turísticos.
¿En qué consiste el registro único estatal de viviendas turísticas?
El Ministerio de Industria y Turismo, encabezado por Jordi Hereu, ha aprobado recientemente un decreto que establece la creación de un registro estatal de viviendas de uso turístico (VUT). Este registro tiene como objetivo homogenizar y centralizar la información sobre estas propiedades a nivel nacional.
Entre los puntos principales de esta medida destacan:
- La creación de una base de datos única gestionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
- La coordinación con los registros autonómicos, desde los que se remitirá la información.
- La exigencia de un código identificativo estatal obligatorio para publicitar la vivienda en plataformas online.
- El objetivo de mejorar el control y la información sobre este tipo de alojamientos para combatir el intrusismo y ofrecer mayor transparencia.
Justificación oficial del Gobierno central
El Ejecutivo argumenta que esta medida tiene un enfoque puramente estadístico y administrativo. Según el Ministerio, no se busca legislar sobre competencias autonómicas, sino mejorar la calidad de la información disponible sobre el alquiler turístico en España. De este modo, se podrán diseñar políticas públicas basadas en datos reales y contrastables.
Motivos por los que la Generalitat presentará un recurso
El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Turismo de la Generalitat Valenciana, Vicent Barrera, ha afirmado que el nuevo registro estatal supone una “clara invasión competencial” del Gobierno central y que ofrece una visión “centralista” que atropella las capacidades normativas y de gestión de las comunidades autónomas.
Desde el Consell se argumenta que:
- La regulación de las viviendas turísticas es competencia autonómica según el artículo 49 del Estatut d’Autonomia.
- La Comunitat tiene su propio registro oficial de viviendas turísticas, gestionado por Turismo Comunitat Valenciana.
- La transferencia de datos al Estado supone una vulneración de la legislación autonómica y la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas).
- El nuevo sistema genera un doble control administrativo que complica la gestión sin aportar beneficios concretos.
Declaraciones del vicepresidente Vicent Barrera
En rueda de prensa, Barrera apuntó: “El registro estatal no aporta valor añadido respecto al que ya operamos en la Comunitat Valenciana y, sin embargo, pretende homogeneizar el control y la fiscalización, una potestad claramente autonómica. No vamos a permitir esta extralimitación”.
También añadió que el recurso se presentará de manera inmediata ante el Tribunal Constitucional, bajo el respaldo de un informe jurídico que avala su postura.
La importancia del turismo en la Comunitat Valenciana
La Comunitat Valenciana es una de las regiones españolas con mayor afluencia turística. Ciudades como Valencia, Alicante, Benidorm o Castellón concentran gran número de viviendas vacacionales, muchas de ellas gestionadas por particulares y plataformas digitales.
Según los datos más recientes de Turismo Comunitat Valenciana:
- Hay más de 92.000 viviendas turísticas registradas en la región.
- Generan un impacto anual de cerca de 2.500 millones de euros en la economía local.
- Se calcula que más del 30% del alojamiento turístico en la región corresponde a este modelo.
Por tanto, la Generalitat insiste en que es imprescindible proteger su capacidad reguladora para poder aplicar políticas personalizadas en función de las particularidades locales.
Una cuestión también de fiscalidad y control
Además del componente competencial, el Gobierno valenciano también denuncia que el registro estatal puede entorpecer la labor de control fiscal y de inspección, dificultando la lucha contra el alquiler ilegal, informal o no declarado.
Posición del sector turístico y plataformas de alojamiento
Diversos colectivos del sector han expresado su preocupación por la aparición de una nueva normativa que podría suponer más burocracia, sanciones o restricciones.
Las principales plataformas digitales como Airbnb, Booking o Vrbo también están pendientes del desarrollo del reglamento, ya que deberán adaptarse al mismo incluyendo los códigos estatales identificativos en sus anuncios dentro del territorio español.
Desde asociaciones como la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR) y la Asociación Valenciana de Turismo (AVT) coinciden en que:
- Es necesario mejorar el control sobre esta modalidad de alojamiento vacacional, pero respetando las competencias autonómicas.
- Se tiene que evitar una dureza normativa innecesaria que afecte la competitividad del sector.
- Las herramientas legislativas deben fomentar la colaboración entre administraciones en lugar de imponer decisiones unilaterales.
Debate abierto entre comunidades autónomas y el Gobierno
La Comunitat Valenciana no es la única autonomía que ha mostrado su disconformidad con el nuevo decreto estatal. Otras como Andalucía, Cataluña, Galicia y Madrid han expresado dudas jurídicas y políticas respecto al alcance y repercusión de la medida.
La conflictividad territorial que está surgiendo a raíz de este reglamento pone en evidencia el desencuentro entre el Estado y las autonomías en el ámbito de la regulación turística, especialmente en un momento en el que el modelo de turismo y su impacto socioeconómico están en el centro del debate público.
Posibles consecuencias jurídicas y políticas
Si el Tribunal Constitucional da la razón a la Generalitat, se podría establecer un importante precedente que limite la capacidad del Ejecutivo central para intervenir en competencias autonómicas vinculadas al turismo, la vivienda y el comercio digital.
Por otro lado, si el Gobierno sale fortalecido en el ámbito legal, podría impulsar una mayor centralización del control de los alojamientos turísticos para unificar criterios a nivel nacional.
¿Qué sigue a partir de ahora?
La Generalitat ya ha ordenado la preparación y presentación del recurso legal correspondiente. La decisión ahora recae en el Tribunal Constitucional, que deberá valorar si existe o no una vulneración de competencias autonómicas.
Mientras tanto, tanto propietarios como plataformas digitales y entidades del sector turístico siguen a la espera de una mayor claridad legislativa para saber cómo y cuándo se aplicará realmente el nuevo marco regulador a nivel estatal.
Conclusión: una normativa que abre un nuevo frente jurídico
El conflicto entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno español por el registro único de viviendas turísticas refleja una disputa más profunda sobre competencias y modelos de gestión del turismo. La situación pone en primer plano el papel del turismo como motor económico regional y la necesidad de encontrar un equilibrio normativo entre control, transparencia y respeto a las normativas autonómicas.
En los próximos meses, será clave observar cómo evoluciona el proceso judicial, qué impacto tiene a nivel práctico sobre los actores del sector y si
